El fraude es un problema mundial desde hace miles de años y sigue siendo uno de los delitos más comunes y frecuentes en diversas empresas y entidades de Tailandia. Ni siquiera las amistades más íntimas son inmunes a este tipo de problemas. Con el inicio de la pandemia del COVID-19, Tailandia ha experimentado un alarmante aumento de los casos de fraude, en particular los relacionados con estafas con guantes y equipos de protección individual (EPI). Estos incidentes se asemejan a incumplimientos de acuerdos o delitos de malversación.
En este artículo, profundizaremos en el Derecho Penal tailandés en lo que respecta al fraude, con el objetivo de proporcionarle información relevante que le prepare para sus actuales o futuras aventuras en Tailandia.
El delito de estafa y fraude en Tailandia está tipificado en el artículo 341 del Código Penal tailandés:
"Todo individuo que engañe deshonestamente a otro afirmando falsedades u ocultando hechos que deberían ser revelados y, mediante tal engaño, adquiera bienes de la persona defraudada o de un tercero, o induzca a la persona defraudada o a un tercero a crear, revocar o destruir un documento legal, es culpable de cometer el delito de engaño y fraude. La pena por este delito no excederá de tres años de prisión o una multa no superior a seis mil baht, o ambas cosas."
En la práctica, incluso cuando se derivan de un acuerdo comercial, las acciones pueden constituir fraude si el autor engaña intencionadamente a otra parte desde el principio. Por ejemplo, si el Sr. A acuerda invertir conjuntamente en un negocio con el Sr. B haciendo que éste transfiera fondos a su cuenta privada, sin intención real de devolver la inversión y los beneficios al Sr. B, las acciones del Sr. A se consideran fraudulentas. Esto se debe a que proporcionó falsas garantías al Sr. B con el único fin de adquirir deshonestamente fondos del Sr. B.
Además, si los actos fraudulentos descritos en el artículo 341 se cometen contra el público, pueden entrar en el ámbito del artículo 343 del Código Penal tailandés:
"Si el delito previsto en el artículo 341 se comete por la afirmación de una falsedad al público o por la ocultación de los hechos que deberían ser revelados al público, el infractor será castigado con una pena de prisión no superior a cinco años o con una multa no superior a diez mil baht, o con ambas."
En consecuencia, el fraude cometido contra el público se clasifica como delito público, destacando su impacto más amplio en la sociedad más allá de las víctimas individuales. Esta designación subraya la seriedad con la que el sistema jurídico considera los actos de engaño que afectan a la población en general.
Tomemos, por ejemplo, una empresa de fabricación que empieza a vender productos a clientes sin la intención de entregar esos productos o de entregar el tipo correcto de producto según lo prometido. Esto constituye engaño y fraude. Para complicar aún más las cosas, si la empresa afirma falsamente que ha presentado la documentación necesaria para el producto a un organismo gubernamental, como una licencia de producto o una licencia de producción, proporcionando documentos o información falsos al organismo responsable de la expedición de dichas licencias, y estos documentos están destinados a la divulgación o el acceso públicos, esta acción se eleva a fraude público en virtud del artículo 343 del Código Penal tailandés. Además, es importante señalar que aunque la víctima desee retirar la denuncia, el fiscal está obligado a continuar con el procedimiento judicial.
El plazo de prescripción de los casos de fraude en Tailandia varía en función de las especificidades de cada caso, incluyendo si el fraude se considera un delito público o privado y si se clasifica como penal o civil. El factor más importante en relación con la prescripción es la naturaleza del caso. Siempre se recomienda una acción legal rápida. Si sospecha que ha sido víctima de fraude, o si se enfrenta a acusaciones de cometer fraude en Tailandia, es imperativo que busque asesoramiento legal sin demora.
Como pauta general, las víctimas de fraude disponen de un plazo de tres meses para iniciar acciones legales desde el momento en que tienen conocimiento del fraude e identifican al autor.
La Ley del Mercado de Valores de Tailandia establece el marco jurídico para emprender acciones civiles en casos de fraude. Los recursos incluyen:
El autor de un fraude puede ser objeto de una o varias de las siguientes sanciones o penas:
En los casos de fraude penal, la libertad provisional (también conocida como fianza) suele ser concedida por el tribunal penal, pero se tiene en cuenta lo siguiente:
Los siguientes motivos podrían constituir la denegación de una solicitud de fianza:
Las personas acusadas de cometer fraude disponen de varias medidas cautelares:
Cuando se aborda el fraude dirigido a los turistas, la forma predominante que se encuentra implica estafas, en particular las relacionadas con bienes raíces u otros escenarios en los que las personas son engañadas haciéndoles creer que están pagando por bienes o servicios relacionados con su experiencia de vacaciones en Tailandia. Desgraciadamente, más tarde descubren que la otra parte no tenía intención de cumplir su parte del trato, llevándose engañosamente el dinero sin entregar el producto o servicio prometido.
Aunque el fraude internacional a los seguros también puede suponer un riesgo, es menos frecuente y normalmente se regiría por el código comercial del país en el que tiene su sede la organización implicada.
Tratamos numerosos casos de fraude al año y, con una documentación minuciosa y precisa, podemos lograr resultados favorables para las víctimas y obtener sentencias justas de los tribunales. Nuestro procedimiento habitual consiste en denunciar el caso de fraude a la oficina de investigación de la comisaría de policía correspondiente para recopilar los documentos esenciales e identificar a testigos fiables. En concreto, para los casos de estafa privada (artículo 341), si la parte perjudicada opta por presentar la denuncia ante el tribunal de forma independiente, la ley establece que la persona estafada debe hacerlo en el plazo de tres meses desde que tuvo conocimiento de la estafa y de la identidad del infractor, a menos que la denuncia ya se haya presentado en los tres meses anteriores al inicio del procedimiento judicial. Es importante señalar que en los casos de fraude público (artículo 343), no se aplica esta limitación temporal.
Nuestra experiencia en delitos de fraude nos proporciona una visión única de cada caso que gestionamos. Con la información necesaria, podemos asegurar un resultado positivo para su caso. Si actualmente no está seguro o sospecha que puede ser objeto de fraude, también ofrecemos servicios de Due Diligence para entidades comerciales en Tailandia y asesoramiento sobre transacciones privadas entre particulares.
